Los procesados 18 ciudadanos senegaleses y un francés de origen argelino permanecen en prisión preventiva mientras avanzan las investigaciones en Marruecos. Las autoridades los señalan como presuntos responsables de varios incidentes ocurridos en el contexto del evento deportivo.
Además de los cargos principales, enfrentan otras cinco acusaciones: actos de violencia, lanzamiento de objetos, invasión del terreno de juego, daños al equipamiento y realización de fotografías en áreas restringidas. Estos señalamientos agravan su situación judicial y forman parte del expediente abierto por los disturbios.
La normativa marroquí contra la violencia en los estadios contempla sanciones severas, con penas que pueden alcanzar hasta 10 años de prisión, reflejando la política de tolerancia cero del país frente a este tipo de conductas en escenarios deportivos.
